07 septiembre 2011

Diego Tatián: Universidad, autonomía y nación

Por Diego Tatián* // Pensar la relación entre el conocimiento y la política remite a uno de los nudos centrales que aloja toda sociedad humana, y que adopta especial dramatismo en momentos en los que una colectividad se halla afectada por un proceso de transformaciones profundas. En el siglo XX, tanto el nazismo como el estalinismo pusieron en marcha experiencias de politización de la ciencia, subsunciones del Saber al Poder que dieron lugar a expresiones como “ciencia aria” o “ciencia proletaria”, para llevar adelante una batalla contra las formas “judía” o “burguesa” de concebir el mundo. Correlativamente, la universidad quedaba allí subordinada al Estado en tanto instrumento ideológico en la tarea de producir una nueva sociedad.

La tradición ilustrada, por su parte, acuñó la noción de “autonomía” y en base a ella una manera de entender la universidad que tiene su texto canónico en El conflicto de las facultades (1798), donde el viejo Kant postulaba la libertad irrestricta en la indagación filosófica, sustraída por su misma naturaleza a toda forma de censura ejercida desde el poder político, y concebía a la Facultad de Filosofía –en su tiempo abarcaba más o menos lo que hoy llamamos ciencias sociales–, en analogía con la Asamblea Nacional de 1789, como “el ala izquierda en el Parlamento de la ciencia”.

Referida a la libertad para pensar y producir conocimiento, la noción de autonomía tuvo una larga deriva histórica hasta llegar a la revuelta estudiantil de 1918 y convertirse en el corazón mismo de la universidad reformista argentina. ¿Qué estatuto reviste este concepto hoy? ¿Qué puede querer decir por otra parte que las universidades, según revelan sus siglas (a excepción de la UBA, que perdió la “n”), son “nacionales”? Esto último no puede sólo significar que los recursos que las sostienen provienen de las arcas públicas, ni el concepto de autonomía equivaler a una inmunización respecto de los dramas sociales en los que la universidad se halla necesariamente inscripta.

Por lo demás, la expresión “universidad nacional” encierra una fecunda contradicción entre los términos, pues significa tanto como decir universalidad nacional. Interesa mucho preservar esta tensión, donde uno de los conceptos potencia al otro. Interesa mucho, pues, no liquidar la complejidad atesorada en esa expresión (que podemos extenderla a “universalidad y proyecto nacional”) y estar dispuestos a un pensamiento que incluya todas las mediaciones que sean necesarias, así como a su composición en un internacionalismo afirmativo y alternativo a la actual lógica supranacional del capitalismo que procura inscribir a la educación en el circuito del consumo a distancia, como cualquier mercancía. Participación de la universidad nacional en una red global contrahegemónica –según sugiere Boaventura de Sousa Santos–, y por qué no en la constitución de una Internacional Universitaria de contrahegemonía activa.

Igualmente, el anhelo de una universidad popular, además de pública, incorpora al estallido de otros derechos civiles, sociales, económicos o sexuales que se verifica en la Argentina como nunca antes en su historia, lo que el rector de la UNGS, Eduardo Rinesi, llama el “derecho a la universidad”, para cuya implementación deberán crearse las condiciones materiales –y no sólo las garantías formales– que permitan el goce del conocimiento y la apropiación de las universidades por sectores populares hasta ahora excluidos. El tratamiento parlamentario y la puesta en marcha de una Asignación Universal Universitaria –viejo proyecto del ex presidente Kirchner que apuntaba en esa dirección– pondría a la Argentina en la vanguardia mundial de la equidad educativa y a la altura del más verdadero espíritu de la Reforma.

Si bien la democratización del ingreso y la permanencia resulta crucial para una universidad autoconcebida como bien público capaz de detectar y enfrentar formas elementales de discriminación hacia el interior, tanto como de desmontar por el pensamiento formas más sofisticadas que se amparan en la ideología del mérito –palabra que por lo general sólo traviste el ingreso económico–; y si bien la implementación de políticas de retención que minimicen las desigualdades revisten una gran importancia institucional, cualquier paso por las aulas de ciudadanos que por razones diversas no pueden permanecer en ellas hasta concluir sus estudios redunda en una mayor calidad de la sociedad civil, en cuanto los lenguajes y saberes allí obtenidos –por fragmentarios que pudieran ser– impactan de diverso modo en la opinión pública, en los circuitos laborales, en las innumerables decisiones políticas que son tomadas en el interior de un colectivo social. Y sobre todo vuelve más libres a las personas que, aunque fugazmente, pudieron acceder a los estudios universitarios.

Todo ello supondría a su vez una cultura de autoevaluación compleja, en ruptura con la requerida por el mercado trasnacional de los saberes que establece como criterio decisivo de supervivencia académica, tanto de docentes como de universidades, la cantidad de publicaciones en revistas consideradas de alto impacto. Requiere, en efecto, una libertad –más que un complejo de inferioridad– respecto de los indicadores en virtud de los cuales suele establecerse el ranking de universidades –en general, los mismos que las universidades periféricas han introyectado para evaluación de sus docentes–.

El desinterés por la democracia social implícito en el modelo de universidad que busca imponer el mercado educativo global –según el cual es el mercado mismo la única dimensión pública legítima que concierne a la universidad– se articula asimismo a un desmantelamiento de la universidad democráticamente organizada, en la que docencia, investigación y extensión no se hallan alienadas del propio gobierno y las decisiones acerca de la orientación que debe seguir todo lo que la universidad piensa y produce.

La imposición del paradigma neoliberal conlleva pues una escisión entre las actividades consideradas específicas al conocimiento y su transmisión por una parte, y su gestión institucional por la otra; una desresponsabilización política de la comunidad universitaria, que deberá de ahora en más encomendar su “administración” a gestores de recursos, humanos y financieros, conforme un modelo de organización empresarial donde las funciones se hallan profesionalizadas: “Estricta separación –dice Sousa Santos– entre administración, por un lado, y docencia e investigación, por otro”.

En ruptura con la captura del conocimiento por la mercancía y con las relaciones sociales que comporta, la universidad y el derecho a ella no abjuran de ninguno de los términos más arriba mencionados: universal, nacional, internacional, autónoma, popular..., más bien los conjuga sin caer en tentaciones sacrificiales. No entrega la idea de autonomía, la preserva y la reinventa como capacidad de afectar y ser afectado, como ejercicio colectivo de una libertad positiva, como república de razones y reino de la crítica, nunca como mero resguardo de interferencias sociales ni como asepsia que mantiene una nobleza académica a salvo de las borrascas de la historia. Autonomía no es tocar la lira mientras Roma arde, sin saber que Roma arde y sin saber –lo que es aún peor– que se toca la lira. Autonomía no equivale a soberanía ni convierte a la universidad pública en un imperio dentro de otro imperio.

Recuperar el concepto de autonomía y disputárselo al liberalismo (o “liberismo” más bien) académico –que lo malversó convirtiéndolo en una pura heteronomía del mercado y en un sistema autorreproductivo de privilegios– reasegura a la universidad de la Politisierung, a la vez que le permite asumir de manera lúcida y explícita el contenido político que encierra siempre la enunciación de nuevos significados, la producción de saberes y de intervenciones públicas.

La universidad como atención por la vida no universitaria y por experiencias que tienen lugar al margen de su ámbito dota a la autonomía de una “heterogeneidad” irreductible a heteronomías (profesionalistas, empresariales o estatales) que pudieran vulnerar su libertad de intervenir, de transformar y de pensar. El adjetivo heterogénea busca designar aquí una universidad sensible a una pluralidad intelectual, estética y social de la que toma sus objetos, y por la que se deja afectar.

Así comprendida, la heterogeneidad universitaria reconoce una responsabilidad que se ejerce como resistencia a la imposición de una lengua única, o mejor aún: acto de invención en la lengua y el saber (imaginación de saberes “improductivos” en sentido marxiano del término; producción científica inapropiable por el Capital...) que permite sustraer el estudio, el producto del estudio, la forma de vida dedicada al estudio, de la “ciencia politizada” que impulsan los grandes centros de financiamiento y los organismos internacionales de crédito como si se tratara de una pura neutralidad.

Pero además admite en su propia reflexión la tarea paradójica acerca de “cómo hablar no universitariamente de la universidad” –según la expresión del filósofo chileno William Thayer–, que acompaña necesariamente la interrogación acerca del modo y posibilidad de un pensamiento y un poder instituyentes orientados a una reinvención. Lo que no equivale en absoluto a constituir la universidad como objeto de una disciplina específica de estudios universitarios, según se desarrolla actualmente con particular intensidad. La investigación universitaria sobre la universidad (que se expresa hoy en un creciente número de coloquios y publicaciones) puede ser una cancelación de todo conflicto de las facultades en favor de una homologación disciplinaria puramente instrumental, que nada tiene que ver con un anhelo de universalidad y que prescinde de la interrogación por el saber y sus sentidos, por las condiciones de un saber del saber.

Conforme esta acepción que pone en obra una contigüidad del conocimiento y la vida, “autonomía heterogénea” equivale a decir que la universidad no es instrumento ni objeto de poderes que son exteriores a ella (entre los cuales los del mercado son los que más la amenazan con reducirla a estructura prestadora de servicios e insumos), sino sujeto cuya vitalidad crítica conjuga conocimiento e interrogación por la justicia, y cuya indagación del libro del mundo desde una encrucijada universal y nacional, sensible a la irrupción de derechos desconocidos, mantiene abierta la cuestión democrática –que no va de suyo por la sola vigencia de un Estado de Derecho y que requiere la autoinstitución ininterrumpida de una voluntad colectiva y una inteligencia común–.

* Profesor de Filosofía Política (UNC).
FUENTE: Página 12

06 septiembre 2011

Guitarristas clásicos de América adhieren a Movimiento Estudiantil chileno

Roberto Aussel
El encuentro musical Guitarras de América se ha alineado a la causa estudiantil, lo que tendrá lugar martes en la Sala Isidora Zegers de la Facutad de Artes de la Universidad de Chile, y difundirá la riqueza del repertorio clásico y popular de destacados guitarristas internacionales. Nombres tan importantes como el argentino Roberto Aussel, y parte de su repertorio de Atahualpa Yupanqui, Tania Ramos, de Paraguay, con su guitarra de doble afinación, y Douglas Esteves con melodías propias de Venezuela, vienen a compartir su talento junto a maestros chilenos y el charanguista peruano Omar Ponce.

Cada uno de ellos representa el trabajo y la investigación de la música de sus países, rescatando interesantes técnicas de los países representados. El gestor del proyecto, Sergio Sauvalle, asegura estar comprometido con la calidad y proyección del espectáculo, extendiendo sus actividades en apoyo al movimiento estudiantil, que se ha materializado en conciertos para escolares y universitarios en todas las ciudades por donde se desarrolla el encuentro. En Santiago, fueron entregadas cien invitaciones a la FECH, para que los estudiantes puedan disfrutar de este encuentro único de cuerdas.

Por su importante aporte cultural y educativo, este festival tiene el reciente reconocimiento del premio APES, y es una de las actividades internacionales más consolidadas dentro de las que se presentan al Fondo de Fomento de la Música Nacional. Se trata de un acontecimiento musical único en su género, financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes, y apoyado por espacios culturales consolidados en cada región, entre otras entidades que permiten realizar y difundir estas valiosas actividades en torno a las cuerdas de nuestro continente.

Hoy martes se presentan los maestros Omar Ponce, Roberto Aussel y Tania Ramos. Sala isidora Zegers, 19:00 horas. Estas presentaciones serán gratuitas para estudiantes que vayan a buscar invitaciones a la FECH, y para el público general se cuenta con entradas de $3.000, y $1.500 Estudiantes y 3° edad. Sala Isidora Zegers se ubica en Compañía 1264.

El Festival se extiende hasta el 10 de septiembre, culminando en Puerto Montt. La programación y reseñas de los invitados puede verse aquí mismo en el sitio en sección Participantes.

Que levante la mano la guitarra!


Más información: www.guitarrasdeamerica.cl

05 septiembre 2011

Sergio Grez Toso: Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile

El año 2011 quedará inscrito en la historia de Chile como el de un nuevo despertar de los movimientos sociales después de más de dos décadas de aletargamiento debido a la combinación de la acción “natural” del modelo económico neoliberal, del recuerdo del régimen de terror de la dictadura, de las trabas y cortapisas legales e institucionales para la expresión de las demandas sociales, de la virtual dictadura mediática impuesta por un puñado de grupos económicos y de poder, además del control y cooptación de estos movimientos ejercidos durante largo tiempo por los gobiernos de la Concertación y sus partidos.

En lo que va corrido de este año, los movimientos sociales en Chile se han sucedido con insólita rapidez, masividad y persistencia. En apretada e incompleta síntesis habría que mencionar la protesta regional de Magallanes, las movilizaciones contra el megaproyecto de HidroAysén, las marchas por los derechos de la diversidad sexual, los paros comunales de Calama, la protesta de Arica, las huelgas de los trabajadores del cobre (estatales y privados), los paros de los empleados fiscales, sin olvidar la persistente lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras y la reconquista de su autonomía y libertad. Pero, sin duda, el más masivo y de mayores efectos sociales, culturales y políticos, ha sido el movimiento por la educación pública cuya columna vertebral y principal componente son los estudiantes.

Tal vez la principal virtud de este movimiento –aparte la de poner en la agenda política con tremenda fuerza la cuestión educacional- ha sido su aporte a la repolitización de la sociedad chilena, potenciando la reactivación de otros sectores y cuestionando certezas, valores, normas, instituciones y formas de hacer las cosas que parecían haber adquirido características “naturales” para millones de ciudadanos sometidos a la hegemonía ideológica del neoliberalismo. Hasta hace unos cuantos meses solo una minoría de chilenos cuestionaba seriamente el lucro en la educación y el rol subsidiario del Estado. Hoy son millones los que exigen junto a los estudiantes una educación estatal gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad. El cambio ha sido radical.

Igualmente, hasta hace poco, plantear demandas como el plebiscito para zanjar disyuntivas de gran interés ciudadano, la renacionalización del cobre y una reforma tributaria para financiar la solución de los más acuciantes problemas sociales, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que por primera vez en su historia los pueblos de Chile ejerzan su soberanía, eran sueños de izquierdistas impenitentes, sin gran eco social. Hoy son temas ineludibles y hasta la “clase política”, que ha pretendido monopolizar la representación ciudadana en las últimas décadas, debe, muy a contrapelo de sus naturales inclinaciones e intereses, tomarlas en cuenta para rebatirlas o simular acuerdo con ellas para mejor contener las exigencias provenientes de la sociedad civil.

Asistimos, tal como lo han señalado diversos analistas, a un colapso del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre los partidarios de la dictadura y sus opositores moderados en la segunda mitad de la década 1980, pero también a una crisis de legitimidad del modelo económico neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad administrado por dichas fuerzas desde 1990. Al mismo tiempo se extiende el cuestionamiento a las viejas formas “delegadas” de hacer política a través de representaciones institucionales divorciadas de las bases sociales, altamente centralizadas y jerárquicas. En su lugar, los jóvenes y otros actores sociales han venido construyendo desde hace años formas más democráticas y horizontales, como los colectivos sociopolíticos, las asambleas territoriales y locales y las coordinaciones sectoriales, regionales y nacionales de colectivos y organizaciones sociales cuyas políticas y decisiones se toman colectivamente y en las que no es extraño que los dirigentes y voceros sean removidos por sus bases si estas lo estiman conveniente. El sistema político binominal, la elitización de la política “profesional” y los abusos de la “clase política”, han engendrado sus propios sepultureros: una ciudadanía popular y de clases medias crecientemente empoderada. La crisis del sistema es profunda aunque aún no es “terminal”.

¿Qué falta para que la democracia de baja intensidad y el extremista modelo neoliberal chileno sean desalojados del escenario histórico? Varios elementos. Los más importantes e inmediatos parecen ser los siguientes:

En primer lugar, que los trabajadores en tanto tales (y no solo como pobladores, consumidores, padres o apoderados) entren decididamente en la lucha por sus propios derechos, con los mismos grados de autonomía, radicalidad y sagacidad política demostrados hasta ahora por el movimiento estudiantil. Ellos son y seguirán siendo el elemento decisivo, como lo es la infantería en la guerra, considerada tradicionalmente como la “reina de las batallas”.

En segundo término, es indispensable que los movimientos sociales (no solo el estudiantil) sean capaces de elaborar sus propias propuestas políticas y de tender lazos solidarios entre sí para formar un frente común ante sus adversarios. Esos movimientos deben buscar sus puntos de acuerdo para construir plataformas unitarias consensuadas democráticamente. Pero también es imprescindible que se doten de sus propias representaciones en la esfera política. El profundo desprestigio que envuelve al duopolio de la “transición chilena” (la Concertación y la Derecha clásica) ofrece una oportunidad como pocas veces se ha visto en la historia de este país para que los movimientos sociales se auto representen políticamente y sean, por primera vez, los actores principales de la refundación de las bases políticas que la sociedad requiere so pena de deslizarse hacia callejones sin salida de sucesivos estallidos sociales sin capacidad de construir alternativas viables. La anomia política es un mal que suele acechar a los movimientos sociales si estos no están en condiciones de orientarse más allá de sus reivindicaciones sectoriales o corporativas, y esa anomia es también un peligro que está rondando a la sociedad chilena.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente en la cual los representantes de los movimientos sociales sean la fuerza principal, debería ser el horizonte político para la refundación de una segunda República, que deje atrás la soberanía delegada y esencialmente nominal que ha imperado durante doscientos años, sustituyéndola por la soberanía efectiva de los pueblos que viven en este Estado nación. El plebiscito sobre la educación puede ser un hito importante en ese camino hacia la soberanía popular.

[FUENTE: Sergio Grez Toso, Historiador, Académico Universidad de Chile. The Clinic, Nº409, Santiago, 1 de septiembre de 2011]

María José Lemaitre: "Hay que fijar los aranceles a las universidades, tal como a las eléctricas se les fija un precio justo"

Entrevista a María José Lemaitre, Por: Gregorio Riquelme en Actualidad y Entrevistas. Primera Piedra

-Según su experiencia, ¿qué es lo que se compra en universidades como Las Américas (UDLA), la Andrés Bello (UNAB) o la de Viña del Mar (UVM) que cambiaron de dueño y que, sin embargo, por ley no se pueden comprar?
Se compran los flujos de estudiantes y los puestos en el directorio de las instituciones que controlan la universidad.

-¿Se compra la sociedad anónima fundadora de la universidad “X” y eso permite colocar directores en la junta directiva de esa universidad y así controlar el rumbo de sus recursos?
Claro, por ejemplo en la UNAB no compraron los edificios. La acreditación exige mirar los estados financieros y ahí debía salir claro como lucran. Yo creo que debe haber múltiples triquiñuelas que uno no conoce, o sea, resquicios legales hay muchísimos.

-Hemos tratado de hablar con gente de los fondos de inversión, pero se rehúsan a explicar cuáles son sus intereses al entrar a controlar las universidades.
Pero si este es un negocio redondo. ¡Porque es mucha plata! Saque una cuenta simple con una universidad chica que tiene 14 mil alumnos. Si pagan $3 millones al año cada uno, son $42 mil millones. Si tienes profesores a los que les pagas ocho meses en el año, porque los contratas por semestre y no les pagas las vacaciones (y como los tienes a honorarios, tampoco les pagas prestaciones); y tienen biblioteca más o menos y más encima te consigues unas cuantas donaciones... Más o menos te sobra la mitad.

-¿Qué pasa con la plata que sobra?
Empieza a salir por diversas partes: a través de servicios de externalización, de tercerización, editoriales, inmobiliarias, remuneraciones de directorios... Se paga un sueldo extremadamente alto para participar en los directorios.

-Reporteando este tema en CIPER, nos hemos dado cuenta que durante años la fiscalización del Ministerio de Educación ha sido cero en esta materia.
Sí, es cero. Porque la verdad es que todas las operaciones que he descrito son legales. Me acuerdo que cuando estaba en el Consejo Superior de Educación, los miembros del consejo tuvimos una reunión con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Superintendencia de Valores (SVS) y otra gente que supervisa porque estábamos preocupados por este tema. Les dijimos: “qué hacemos con éstas instituciones que claramente están sacando plata”. Había una universidad, la Universidad de Temuco, que cerramos porque había pagado tres veces el edificio donde funcionaban y seguía sin ser suyo.

-¿Lo pagaba a una sociedad del mismo dueño que la universidad?
Claro. Bueno, tuvimos esta reunión y la respuesta de los fiscalizadores fue que todo lo que estaban haciendo era legal. Pero no sólo eso. Nos argumentaron que desde el punto de vista de las finanzas públicas nos convenía que la plata saliera de las universidades y se fuera a una inmobiliaria, porque la inmobiliaria paga impuestos y la universidad no. ¡Yo quedé sorprendida! Ese fue el argumento: no tiene sentido que nos pongamos parados en la hilacha cuando desde el punto de vista del fisco nos conviene que nos paguen impuestos. Luego, tras una de las compras que hizo el consorcio Laureate (que opera en Chile las universidades UDLA, UNAB, UVM y varios institutos), alguien del Consejo le preguntó a un representante de ellos cómo iban a recuperar la enorme inversión que habían hecho. Y el representante de Laureate dijo: “La inversión está recuperada porque al comprar una universidad como esta, que tiene una escuela de medicina, que tiene esto y lo otro y lo de más allá, las acciones de Laureate subieron en tantos puntos, y con eso ya se recuperó la inversión”. A partir de esa explicación se daba otro argumento para reafirmar que todo era legal: si el dueño de la universidad tenía una sociedad anónima con acciones que se tranzaban en la bolsa, eso no hacía que la universidad tuviera fines de lucro, porque se trataba de dos personas jurídicas distintas. Entonces tú dices “perdón, pero ¿si soy una dueña y tengo fines de lucro, cómo separo las aguas? La legalidad es complicada en ese sentido.

-¿Le parece que hay falta de voluntad de hacer cumplir la ley?
La ley dice claramente que las universidades no tienen fines de lucro, pero hay una falta de voluntad política de entrarle al tema. Y esto no es un asunto de la Concertación o de la Alianza. Es un problema transversal porque hay gente de los dos lados. Y es un negocio redondo. Me acuerdo que el rector de una universidad privada, que es economista, me dijo hace unos 10 años: “este es un negocio tan espectacular, que no puede durar”. Hace como 15 días me vino a ver y le dije: “bueno y ¿cómo va el negocio?, tú dijiste que se iba a desinflar”. Me contestó: “sigue igual de bueno”.

-¿Qué pasa con las platas del Estado que entran a esas universidades como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)? ¿Es legal que esos dineros se transformen al final en utilidades?
Las platas fiscales, cuando pasan a una entidad privada, se convierten en platas privadas. Por lo menos ese era el argumento que se daba cuando yo trabajaba en el MINEDUC, para que no pudiéramos fiscalizar el uso de la subvención escolar de los colegios particulares subvencionados. No se puede fiscalizar en qué se usa la subvención porque una vez que el Estado la entrega esa plata pasa a ser privada. Me imagino que aquí pasa lo mismo.

-¿Y el Crédito con Aval del Estado (CAE)?
El CAE en realidad es plata de los alumnos. Todo el primer periodo del CAE el aval es la Universidad y a medida que pasa el tiempo, se va achicando el rol de la Universidad y va aumentando el rol del Estado. Pero mientras el alumno está en la universidad, hasta titularse, la responsabilidad fundamental es de la Universidad, no del Estado. Una vez que te titulas o que terminas o que tienes el grado, tienes que empezar a pagar. O sea hay un periodo de gracia pero de un año, después de eso hay que pagar. Entonces, si tienes que seguir estudiando –un post grado, por ejemplo- tienes que conseguir plata en otro lado. Hay que decir sí, que para las universidades el CAE fue el negocio del siglo.

-Eso se vincula con los aranceles, que es un tema que reclaman los estudiantes. Como el CAE no cubre todo lo que cobra la universidad, entonces los alumnos se tienen que endeudar con la banca para pagar la diferencia. ¿Por qué se hizo este sistema de “arancel de referencia”?
El problema es que antes del arancel de referencia los créditos fiscales cubrían un porcentaje de lo que cobraba la universidad. Y cada vez que aumentaban los montos de ayudas estudiantiles, aumentaban también los aranceles y el aumento de los fondos no tenían ningún efecto. Entonces se pensó en un arancel de referencia a pagar. El problema es que las instituciones siguen subiendo los aranceles y le cobran la diferencia al alumno. Yo creo que en este punto la autonomía de las universidades tendría que ser drásticamente reducida y fijarle los aranceles.

-Dice usted, ¿fijarles el precio que pueden cobrar por una carrera?
Sí. Tal como las empresas eléctricas no pueden cobrar a su pinta sino que hay una comisión que dice “esto es lo justo que se puede cobrar”. Porque además, todo lo pagan las familias. Si el Estado chileno es el Estado que menos plata pone en educación superior en el mundo. Y como las cosas gratis no existen, ¿quién pone la plata? Los alumnos. Pero los alumnos no solo ponen la plata para la educación que reciben, los alumnos pagan para las jornadas completas, para los laboratorios de investigación, para todas esas cosas. Porque cuando una facultad, la facultad de ingeniería de la Chile, por ejemplo, saca la cuenta de cuánto le cuesta educar a 300 alumnos de ingeniería, hace lo siguiente. Dice: “tengo todos estos profesores y todos estos laboratorios que financiar...” Pero todos estos profesores son gente que destina un 10 o 15% a la docencia y el resto del tiempo investiga. ¿Y quien paga ese tiempo de investigación? El alumno de pregrado. Entonces el Estado le transfiere a las familias, a los estudiantes, el costo de financiar un montón de cosas. Porque uno podría, por último decir, “obtener un título a la gente le significa un beneficio que le va permitir ganar más, entonces es justo que paguen”. Pero hoy no están financiando su carrera sino un montón de otras cosas. ¡Eso es escandaloso! Por otra parte, la educación superior hoy se manda sola. Entonces, por ejemplo, puede formar unos profesores que son un desastre, pero nadie les puede decir nada porque son autónomas. Ese tema es tremendamente importante también.

NOS OLVIDAMOS DE LA CALIDAD
María José Lemaitre recuerda que los primeros intentos por asegurar la calidad de la educación empezaron en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE). “Antes que eso, cuando se hizo la reforma del ’80, la idea era que la regulación no era necesaria, porque el mercado iba a producir autónomamente la calidad. Se pensaba que los estudiantes elegirían a las mejores universidades y así las instituciones tendrían muchos postulantes y las malas cerrarían por inanición”.

-Eso no ocurrió.
Obviamente no, porque no importa cuán mala sea la universidad, o el Instituto o el Centro de Formación Técnica, siempre puede ser un poco más barata y llegar a estudiantes menos informados. Entonces prosperaron un montón de Instituciones que el año 90 eran conocidas como instituciones para “tontos ricos”, que eran los que no podían entrar a las universidades por su bajo puntaje en la prueba de selección (Prueba de Aptitud Académica), pero que si podían pagar. Y los mismos militares y sus asesores que desregularon todo el sistema educativo decidieron ordenar esta situación. A través de la LOCE se creó el Consejo Superior de Educación (CSE) cuya misión era ordenar este caos donde había instituciones que estaban operando sin reconocimiento oficial y muchas que daban títulos sin ninguna validez. Me acuerdo que lo primero que cerró el CSE fue un Instituto de computación que no tenía computadores. Y también otro en que las platas entraban directamente a la cuenta corriente del dueño y éste salía a pagar el supermercado, los sueldos de los profesores, los libros de la biblioteca y el colegio de sus niños con la misma chequera. Era un caos. Yo estuve a cargo del CSE desde 1990 a 1998 y cerramos un montón de instituciones y se les dio la autonomía a otras. A fines de los ’90, sin embargo, el gobierno decidió que era necesario tener un sistema de aseguramiento de la calidad que velara no sólo por la situación de las universidades privadas nuevas, que eran un problema, sino también por el resto del sistema, incluyendo las públicas, del Consejo de Rectores. Se llamó Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), y entre 1999 hasta el 2006 se acreditaron alrededor de 500 carreras y unas 60 instituciones. Ese organismo ganó mucha experiencia. Luego fue reemplazado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), pero por alguna razón misteriosa el nuevo gobierno se preocupó de que nadie de la CNAP llegara a esta nueva comisión. El equipo se desmanteló. Creo que en eso está la base de las críticas que hoy se le hacen al sistema, porque de alguna manera se perdió esa experiencia que se había construido con bastante esfuerzo, dedicación y muchos años de trabajo. Pero por una decisión política se decidió que no hubiera continuidad.

-¿A qué atribuye esa decisión política?
No tengo idea, la verdad es que no lo sé porque no tiene ninguna justificación. No sé qué pasó. Pero como consecuencia desaparecieron los manuales que se habían diseñado en la CNAP, el manual de autoevaluación, el manual de pares, los detalles de los criterios. Entonces hubo cuatro años, desde el 2006 al 2010, en que el sistema de acreditación perdió mucho de su desarrollo y de su credibilidad. Y los estudios muestran que hoy los procesos de acreditación tienen poca credibilidad.

-Tal vez esa falta de credibilidad se debe a que la CNA no parece estar buscando la calidad de la educación.
Yo creo que el tema de la calidad es crítico, pero el sistema de acreditación no la asegura por si sola. La acreditación es un instrumento de política, uno de muchos. Si se mira como la panacea universal va a ser un desastre porque la acreditación mira lo que hace una institución, le toma una foto a una institución en un momento determinado. Si eso no está acompañado de políticas de apoyo y de fomento, si no está apoyado de incentivos (y hay que tener cuidado porque a veces los incentivos tienen efectos perversos), si no está apoyado por políticas de financiamiento serias, si no hay una regulación más global, la acreditación cojea inevitablemente.

-De todos modos parece que no se es muy exhaustivo al momento de acreditar.

La acreditación en Chile es voluntaria, no es obligatoria, salvo medicina y pedagogía, todo lo demás es voluntario. La acreditación institucional, como es un requisito para el Crédito con Aval del Estado (CAE), es menos voluntaria, porque si quieres que los alumnos puedan pedir el CAE tienes que acreditarte. ¿Y qué ha pasado con eso? Algo perverso, que la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE, entonces la acreditas por un año, que es lo mismo que no acreditar. Creo que la única que no ha sido acreditada por la CNA es la UTEM, gracias a que se armó la pelotera con los criminalistas. Salvo eso, todo está acreditado, incluso unas cosas siniestras que hay. Porque la presión sobre la CNA es muy fuerte. Imagínate, llega el rector a decirte que si usted no me acredita no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, qué va a pasar, drama, lloran y los acreditas por un año.

-¿Qué rol tienen en estos temas las Agencias Acreditadoras?
Esas agencias son para acreditar carreras. Se recurrió a ese mecanismo, que es el que se usa en México y en Alemania porque son miles de carreras y un organismo solo no iba a poder dar cuenta de todo. Entonces se pensó en estas agencias que son autorizadas y supervisadas por la CNA, y en la medida que la CNA decide que los procedimientos son los adecuados, quedan autorizadas.

-¿Quien les paga?
Las universidades le pagan a estas agencias 7 u 8 millones de pesos por carrera. Las diferencias entre agencias tienen que ver con orientaciones, con especializaciones. Por ejemplo, hay una agencia que es organizada con el Colegio de Ingenieros y acredita las carreras de ingeniería, tecnología. Otra que se organiza por un consorcio de decanos más el Colegio de Arquitectos que acredita arquitectura, hay una agencia que es de la Universidad Católica. Yo diría que esas son las tres agencias serias, para mi gusto. El resto, son un desastre. Esa es mi opinión. Hay una que es organizada por un grupo de ex rectores de universidades estatales, está Luís Riveros de la Universidad de Chile, Jaime Pozo de La Serena, Ubaldo Zúñiga de la USACH... Creo que acreditan instituciones estatales y me parece que en eso hay un conflicto de intereses, ¿no? Hay otra agencia a la que uno llamaba por teléfono y te contestaban en la Universidad Mayor. Ahora me imagino que contestan en la UNAB porque la agencia se trasladó para allá. Es por lo menos sorprendente. Alguien tiene que fiscalizar los conflictos de interés. El caso de la agencia de la Universidad Católica (Qualitas), me dijeron que por estatuto no pueden acreditar nada de la Católica ni del DUOC. ¡Era que no! Pero el riesgo de conflictos de interés en las agencias es muy grande, sobretodo porque la supervisión que hace la CNA es muy frágil, es muy formal, es un papel, y los papeles aguantan cualquier cosa. Las CNA es LA agencia nacional. Las otras son agencias especializadas en carreras. La CNA acredita instituciones y postrados.

-¿Me puede explicar por qué es necesario acreditar carreras y universidades?
La acreditación de carreras apunta a dar garantía de que lo que la carrera ofrece es lo que la comunidad profesional, disciplinaria y laboral considera que esos alumnos deben aprender. Entonces, lo que se hace es mirar el perfil de egreso y decir, a ver usted quiere formar un ingeniero civil, muéstreme que están aprendiendo cálculo diferencial, ciencias de la ingeniería, etc.... Usted debe satisfacer las necesidades del perfil de egreso básico. Y eso lo hacen las agencias, pero los perfiles de egreso se supone que están definidos por la CNA, son estándares y las agencias lo acreditan. Si yo quiero estudiar derecho debo saber cuál de estas universidades efectivamente tiene la carrera acreditada y por consiguiente cuando yo tenga el título de esa universidad puedo estar razonablemente tranquilo que lo que me están enseñando es lo que tengo que saber para ser un abogado. La acreditación institucional está mirada desde otra manera, está pensada para promover la responsabilidad de las universidades en su propia calidad, entonces lo que acredita no es cuántos libros tiene la biblioteca o cuántos profesores tienen doctorado, sino cuáles son las políticas de la Universidad para asegurar que su planta académica es la que debe tener, que sus recursos de aprendizaje son los que tiene que haber, que sus resultados son los que promete cuando dice “yo soy la mejor universidad en investigación del país”. Es lo que se llama en la jerga de los que trabajamos en aseguramiento de la calidad una Auditoria de Calidad, y lo que evalúa es la capacidad de autorregulación de la universidad. Ese era el diseño original. Sin embargo, tengo la impresión de que con la CNA la cosa se ha ido haciendo más hacia contar libros, doctores o jornadas y no hacia demostrar que las instituciones son capaces de saber cuándo lo está haciendo bien y de arreglar las cosas cuando se dan cuenta que no lo está haciendo bien. Con la CNAP no se acreditaron un montón de instituciones, incluyendo cuatro estatales.

-¿Usted siente que el paso de CNAP a CNA bajó el nivel de la acreditación?
Yo siento que se deterioró por ignorancia. Cuando nosotros partimos con el tema del Aseguramiento de la Calidad en Chile el año 90’, en el Consejo Superior de Educación lo primero que hicimos fue preguntarnos qué es lo que está pasando en el mundo, así que nos metimos en la red y trabajamos y trajimos gente, hicimos muchas cosas. Con la CNAP seguimos participando en cosas, había experiencia acumulada y sabíamos en qué cosas podíamos meter las patas porque muchas veces tuvimos que decir que nos equivocamos, hay que hacerlo de otra manera. Mi impresión es que cuando entraron los que llegaron a trabajar a la CNA, no tenían la conciencia de que esto era una tarea compleja. Por otra parte, se vieron presionados por cosas como esto de la “acreditación institucional” necesaria para acceder al CAE. Porque eso los llevaba a preguntarse: “¿Qué hacemos con esta Universidad que tiene 10 mil alumnos? Si no la acreditamos se van a quedar sin crédito. ¿Cómo vamos a dejar a 10 mil alumnos sin crédito? ¡No podemos!”. Y la acreditan por un año. Eso es perder el norte.

-¿Qué hay que hacer?
Para empezar, ¡hacer cumplir la ley! Luego podríamos discutir lo del lucro. Pero me imagino que ya cuando empiecen a fiscalizar por lo menos las cosas más groseras se van a acabar. La acreditación exige mirar los estados financieros y ahí debía salir claro cómo lucran. Yo creo que debe haber múltiples triquiñuelas que uno no conoce, resquicios legales hay muchísimos. Otra cosa que yo creo que hay que cambiar es el régimen tributario de este país. El otro día un consultor del Banco Mundial, un danés que ahora es rector de una Universidad, me dijo: “mira, yo en Dinamarca pago 45% de mis ingresos en impuestos, o sea me pagan 100 y yo recibo 55”. Yo le dije “pero qué horror”. “Sí, un horror, pero mis hijos tienen derecho a educación hasta el post doctorado gratis, toda mi familia tiene derecho a la salud que necesiten gratis, mi mamá está vieja y va a necesitar alguien que la cuide, el Estado me va a pagar mi sueldo a mí o a mi hermana, cualquiera de los dos que escoja porque no es que se lo envíen a la hermana por ser mujer, para que la cuide hasta que se muera”. Yo pagaría feliz de la vida ese impuesto si fuera así. ¡Obvio! En cambio aquí te cobran impuestos, ni mucho, pero tienes que pagar el colegio, la salud, la carretera, el peaje; todo lo pagas aparte. Entonces, ¿por qué tendrías que pagar impuestos? Creo que no puedes abordar el tema de la educación superior sin abordar el tema de dónde sale la plata.

[FUENTE: Primera Piedra 429, Análisis Semanal del 5 al 11 de septiembre del 2011]